Es increíble hasta dónde ha llegado la violencia generada por los narcotraficantes. La ejecución de 24 albañiles en la Marquesa en septiembre fue ordenada por un operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de que amenazaron con delatar a los narcotraficantes, quienes no les pagaron la construcción de un narcotúnel, reveló un presunto integrante del grupo criminal.
Tal asesinato se considera la mayor masacre del narco en la historia reciente. Los albañiles habían sido contratados para que realizaran los trabajos de construcción de un túnel en Tijuana y a tuienes también se les había encomendado el mismo trabajo en Ciudad Juárez; sin embargo y derivado de la inconformidad de estas personas por no haber recibido su pago, amenazaron con denunciar estos hechos, siendo esta la razón por la cual fueron ejecutados.
De acuerdo con la indagatoria, mandos policiacos del Estado de México colaboraron con la organización de “El Chapo” Guzmán para “levantar” en Huixquilucan a los albañiles, trasladarlos hasta la Marquesa y ejecutarlos. Realmente impresiona el poder que han alcanzado los líderes de los cárteles del narcotráfico. Arreglan cuentas a su manera y con la ayuda de los “encargados de proporcionar seguridad”, el Estado mismo les facilita obtener más y más poder. Esta lucha en contra del narcotráfico que el Gobierno federal lleva a cabo no acabará con estos incidentes, ya que ataca, y de manera ineficiente, sólo la oferta de estupefacientes.
La regulación del mercado de las drogas apunta a ser lo que se necesita, una serie de reformas legales resultado de una deliberación democrática profunda, que debe darse sin prejuicios en un debate necesario y vital para que el Estado logre dos de sus principales objetivos: la salud y la seguridad social en el país.
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