El Gobierno del desempleo

La generación de empleos para el próximo año será dramática, pues estiman que para el 2009 apenas se generarán 161 mil plazas formales en el IMSS, señaló la encuesta de noviembre de los especialistas económicos del sector privado que elabora el Banco de México.

Esta cifra es menor en 57 mil puestos respecto a lo que se estimó en el sondeo previo. Otro dato alarmante es la inflación, pues en 2009 se ubicará en 5.45 por ciento. Como consecuencia obvia del desempleo revisto, más los inmigrantes que regresan al país en busca de un trabajo, se observará un altísimo nivel de empleo informal.


Este empleo no da ningún tipo de seguridad social al trabajador, es decir, todos los trabajadores del sector informal son evidencia de la falta de cumplimiento, por parte del Estado, del derecho de toda persona, independientemente de su capacidad adquisitiva, a una canasta mínima de consumo que incluya los bienes y servicios necesarios para un desarrollo adecuado y acorde con sus necesidades de desarrollo personal en términos de educación, salud y alimentación.

La Fundación Socialdemócrata, en trabajo conjunto con el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, diseñó un documento en el que plantea varias propuestas que conciernen a la agenda de la izquierda.

Dicho escrito toca puntos importantes sobre la universalización de los beneficios, tales como la seguridad y salud universal, temas fundamentales para garantizar los derechos de los trabajadores del sector informal. El documento en cuestión se presentó a la consideración del PSD y el PRD.

Más información sobre el documento en
http://www.psd.org.mx/

¡No! a la pena de muerte

Varios legisladores en la Cámara de Diputados se han sumado a la propuesta de abrir un debate nacional sobre la pena de muerte para informar a la población sobre los pros y contras de este castigo, después de que el Congreso de Coahuila mandara una propuesta al Congreso de la Unión para crear una reforma que permitiera tal castigo.

El Partido Socialdemócrata rechaza rotundamente el endurecimiento de las penas judiciales y la aplicación de la pena capital como formas para reducir los índices de criminalidad. Es evidente la vulnerabilidad y los huecos existentes en el sistema jurídico mexicano.

Este se ha esforzado en dejar ver su inestabilidad y sus huecos, por esto, la propuesta sólo maquillaría el problema no lo solucionaría de raíz. Lo que el PSD impulsará son reformas al sistema de justicia, la creación de leyes específicas para atender el secuestro, una profunda reforma a las policías, el fomento a la cultura de la denuncia, proteger a los buenos jueces, etcétera.

México reprueba evaluación de ONU en Derechos Humanos

Hace aproximadamente un mes, la ONU realizó una evaluación en materia de vigencia de derechos humanos en el mundo. Los resultados para México son angustiosos y exasperantes: las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, la falta de vigencia de derechos sociales, económicos y culturales, la persistencia de la impunidad y los ataques a la libertad de expresión siguen siendo una realidad cotidiana y lacerante. Lo más alarmante es la falta de respeto al estado de derecho por parte de quienes debieran hacerlo cumplir.

El más reciente episodio de este desvío del poder público –en el que concurren autoridades federales, estatales y municipales– tuvo lugar, cabe recordarlo, en octubre, durante la represión contra los maestros disidentes, cuando policías federales y estatales incurrieron presuntamente en sentenciones arbitrarias, tortura y privación ilegal de la libertad, entre otros ilícitos.

El Gobierno federal ha sido incapaz de brindar seguridad pública y garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos. Por el contrario, ha triunfado en la militarización sin precedente de las tareas policiales, en la aprobación (o no desaprobación) de los atropellos que la policía comete contra los civiles con el pretexto de combatir el crimen. La criminalidad no ha disminuido significativamente, pero sí ha incrementado las violaciones de los derechos humanos (en los operativos).

Esto tiene entre sus componentes principales la mentalidad autoritaria del grupo gobernante, mismo que propaga la impunidad en el país.

Tendrán tu nombre completo, dirección, huella digital…

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas legales a la Ley Federal de Telecomunicaciones que permitirán el registro e identificación de los usuarios de teléfonos celulares. El objetivo, según los legisladores, es refrenar el uso de estos aparatos para cometer delitos como la extorsión y el secuestro.

Será necesario presentar documentos oficiales que permitan la identificación del comprador, así como acreditar la constancia de domicilio, para poder comprar el aparato con chip inteligente. De igual manera, se obliga a la toma de impresión de la huella dactilar. También se precisa que las empresas de telefonía celular estarán obligadas a entregar los datos conservados a la Procuraduría General de la Repúblicao a las procuradurías de Justicia en las entidades federativas cuando éstas realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenaza, secuestro o algún otro delito grave relacionado con la delincuencia organizada.
¿Qué opinas sobre la decisión tomada por los diputados?
Manda tu opinión a la siguiente dirección electrónica:

publicaciones@socialdemocrata.org.mx

La masacre en la Marquesa

Es increíble hasta dónde ha llegado la violencia generada por los narcotraficantes. La ejecución de 24 albañiles en la Marquesa en septiembre fue ordenada por un operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de que amenazaron con delatar a los narcotraficantes, quienes no les pagaron la construcción de un narcotúnel, reveló un presunto integrante del grupo criminal.

Tal asesinato se considera la mayor masacre del narco en la historia reciente. Los albañiles habían sido contratados para que realizaran los trabajos de construcción de un túnel en Tijuana y a tuienes también se les había encomendado el mismo trabajo en Ciudad Juárez; sin embargo y derivado de la inconformidad de estas personas por no haber recibido su pago, amenazaron con denunciar estos hechos, siendo esta la razón por la cual fueron ejecutados.

De acuerdo con la indagatoria, mandos policiacos del Estado de México colaboraron con la organización de “El Chapo” Guzmán para “levantar” en Huixquilucan a los albañiles, trasladarlos hasta la Marquesa y ejecutarlos. Realmente impresiona el poder que han alcanzado los líderes de los cárteles del narcotráfico. Arreglan cuentas a su manera y con la ayuda de los “encargados de proporcionar seguridad”, el Estado mismo les facilita obtener más y más poder. Esta lucha en contra del narcotráfico que el Gobierno federal lleva a cabo no acabará con estos incidentes, ya que ataca, y de manera ineficiente, sólo la oferta de estupefacientes.

La regulación del mercado de las drogas apunta a ser lo que se necesita, una serie de reformas legales resultado de una deliberación democrática profunda, que debe darse sin prejuicios en un debate necesario y vital para que el Estado logre dos de sus principales objetivos: la salud y la seguridad social en el país.

Se unen para negociar el fin del conflicto

Más de 25 mil personas encabezadas por unos 150 intelectuales, políticos, ex rehenes, periodistas y representantes de diversas organizaciones colombianas enviaron el pasado martes un mensaje a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para pronunciarse en contra del secuestro y preguntar al grupo rebelde si está dispuesto a abandonar esa práctica, además de plantearle un eventual intercambio humanitario entre secuestrados en su poder por guerrilleros encarcelados.

“Creemos que la práctica del secuestro es de por sí inhumana y no se le puede defender sin que al mismo tiempo se ingrese en el terreno cenagoso donde campea la divisa del fin justifica los medios”, destaca el mensaje que también señala que “los vientos no soplan en favor de las tendencias y gobiernos que alientan las guerras”.

En Buenos Aires, la ex rehén Ingrid Betancourt instó a los gobiernos latinoamericanos a buscar una “urgente solución humanitaria” en Colombia.