El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó realizar foros de consulta para analizar la reincorporación de la pena de muerte en la legislación mexicana como medida para combatir la delincuencia, según lo habían propuesto el presidente de la Mesa Directiva, César Duarte Jáquez y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
A pesar de que en la encuesta Attitudes to the Death Penaltiy (Actitudes ante la pena de muerte, 2007), elaborada por la empresa IPSO MORI, se detectó que 60 por ciento de los mexicanos encuestados consideraron que si la pena capital fuera instaurada, el número de asesinatos se reduciría y el 46 por ciento considera la pena de muerte un castigo apropiado para los homicidas, la mayoría de los legisladores dudan o niegan rotundamente la aceptación de esta reforma.
Como respuesta a la mediocridad de los órganos encargados de proporcionar seguridad, diputados en contra de la pena de muerte se cuestionan sobre a quién se va a condenar, si apenas llega el uno por ciento, dos o tres de los implicados de delito ante el juez.
Lo primero que hay que hacer para lidiar con el problema de la inseguridad y delincuencia es encontrar la raíz del problema, para de ahí empezar. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es mejorar la administración de justicia y su aparato de investigación. El Poder Judicial no se ha caracterizado por sentencias bien sustentadas, por lo tanto se correría un grave riesgo de sentenciar a gente inocente.
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