



También aseguraron que abogados ligados al Partido Acción Nacional (PAN) manejan los despachos que cobrarán la cartera vencida. El activista defensor de derechohabientes del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, acusó a las autoridades de agravar el problema al favorecer a despachos de recuperación de cartera que iniciaron acciones legales contra morosos. Organizaciones defensoras de derechohabientes señalan que la restructuración cuesta 19 mil 500 pesos, por gastos de cobranza y administrativos, lo que generaría ganancias de al menos 112.5 millones de pesos a las empresas estadunidenses.
Así, la venta de cartera del instituto a particulares afecta al trabajador, al despojarlo de su vivienda y permitir que terceros apliquen criterios de carácter privado en un asunto público que nació como una prestación social.

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