
La organización afirmó que en México el sistema de justicia penal tiene graves problemas en derechos humanos, ya que los detenidos o recluidos en prisiones “son sometidos a torturas y trato degradante”, y los funcionarios encargados de la aplicación de la ley “a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones a los derechos humanos, como los abusos que se cometen actualmente en los operativos para promover seguridad pública”.
El informe también da cuenta de la impunidad de los abusos militares, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro, entre otros.
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