El grupo parlamentario del PRD en el Senado se ufana de haber triunfado, pues "impedimos la privatización de la industria petrolera... derrotamos las propuestas del gobierno federal y las del PRI". Agrega que "no se privatizará la refinación, transportación, almacenamiento, distribución y ductos. No existirá ningún contrato de riesgo o incentivado o cualquier símil. Impedimos la creación de empresas filiales de PEMEX, propuesta por el PRI, a través de las cuales se pretendía privatizar áreas estratégicas de la industria petrolera mexicana".
Y anuncia que "seguirá la lucha... para eliminar los bonos (ciudadanos)" y por incluir en la ley el texto "No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas".
Este texto es una controversia que se ubica en torno a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que es uno de los aspectos más críticos. De no incluirse, significa la "apertura" a la que México se venía resistiendo y la que ha quedado cancelada en el caso de muchos países que han recuperado el manejo soberano de sus reservas. Más aún, la propuesta viene bajo una variante de Contratos de Servicios Múltiples, lo cual indicaría que las decisiones fundamentales sobre exploración y desarrollo podrían quedar en manos de las empresas privadas. La aprobación a esta reforma, sin el dicho texto, sería así una gran concesión al actor transnacional.
Con la reforma consensuada, el FAP el PRI y el PAN comparten el éxito de haber superado los aspectos más controversiales. Es innegable que la resultante es un buen arreglo político en donde todos ganan, en tanto que los puntos vulnerables se minimizan o incluso se soslayan hasta hacerlos imperceptibles.
Hubo algo más profundo en la reforma petrolera que un simple acuerdo pluripartidista. Hubo algo más que una pequeña reforma administrativa a Pemex. Hubo algo más que dispensarle al sindicato su corrupción y perpetuarlo en la vigilancia de sus propias transas en el Consejo de Administración de la paraestatal (puesto que no se adoptó la propuesta del FAP, apoyada por el PSD, de reducir a 2 los lugares ocupados por los miembros del sindicato en el Consejo de Administración).
Fue una reforma, quizás de corto alcance, pero de un importante vigor social, popular y de inteligencia política. Suficiente para entender que los cambios en el país inequívocamente requieren de consensos, no de imposiciones.
