Alrededor de 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2) alrededor de 110 mil casas que se encuentran en cartera vencida en México, informaron organismos defensores de derechohabientes en esas entidades, mismos que advirtieron que se defenderán de lo que llaman “política neoliberal y privatizadora del Gobierno federal”.
También aseguraron que abogados ligados al Partido Acción Nacional (PAN) manejan los despachos que cobrarán la cartera vencida. El activista defensor de derechohabientes del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, acusó a las autoridades de agravar el problema al favorecer a despachos de recuperación de cartera que iniciaron acciones legales contra morosos. Organizaciones defensoras de derechohabientes señalan que la restructuración cuesta 19 mil 500 pesos, por gastos de cobranza y administrativos, lo que generaría ganancias de al menos 112.5 millones de pesos a las empresas estadunidenses.
Así, la venta de cartera del instituto a particulares afecta al trabajador, al despojarlo de su vivienda y permitir que terceros apliquen criterios de carácter privado en un asunto público que nació como una prestación social.
También aseguraron que abogados ligados al Partido Acción Nacional (PAN) manejan los despachos que cobrarán la cartera vencida. El activista defensor de derechohabientes del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, acusó a las autoridades de agravar el problema al favorecer a despachos de recuperación de cartera que iniciaron acciones legales contra morosos. Organizaciones defensoras de derechohabientes señalan que la restructuración cuesta 19 mil 500 pesos, por gastos de cobranza y administrativos, lo que generaría ganancias de al menos 112.5 millones de pesos a las empresas estadunidenses.
Así, la venta de cartera del instituto a particulares afecta al trabajador, al despojarlo de su vivienda y permitir que terceros apliquen criterios de carácter privado en un asunto público que nació como una prestación social.
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