Hace aproximadamente un mes, la ONU realizó una evaluación en materia de vigencia de derechos humanos en el mundo. Los resultados para México son angustiosos y exasperantes: las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, la falta de vigencia de derechos sociales, económicos y culturales, la persistencia de la impunidad y los ataques a la libertad de expresión siguen siendo una realidad cotidiana y lacerante. Lo más alarmante es la falta de respeto al estado de derecho por parte de quienes debieran hacerlo cumplir. El más reciente episodio de este desvío del poder público –en el que concurren autoridades federales, estatales y municipales– tuvo lugar, cabe recordarlo, en octubre, durante la represión contra los maestros disidentes, cuando policías federales y estatales incurrieron presuntamente en sentenciones arbitrarias, tortura y privación ilegal de la libertad, entre otros ilícitos.
El Gobierno federal ha sido incapaz de brindar seguridad pública y garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos. Por el contrario, ha triunfado en la militarización sin precedente de las tareas policiales, en la aprobación (o no desaprobación) de los atropellos que la policía comete contra los civiles con el pretexto de combatir el crimen. La criminalidad no ha disminuido significativamente, pero sí ha incrementado las violaciones de los derechos humanos (en los operativos).
Esto tiene entre sus componentes principales la mentalidad autoritaria del grupo gobernante, mismo que propaga la impunidad en el país.
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