martes, 14 de octubre de 2008

Crisis financiera y el rescate del gobierno

En ediciones pasadas de esta publicación se esbozó un escenario general de la crisis financiera internacional y sus consecuencias sobre la economía real mexicana. Hoy, reina la desconfianza de los inversionistas en el mercado mexicano; la fuga de capital es de tal magnitud que el peso cayó en un 30% en tan sólo un día. Las empresas mexicanas más grandes están sumergidas en un grave problema financiero, y hay un riesgo latente de que incurran en impago de deudas. Esto nos dirige hacia la potencial quiebra de los bancos.

El país crecerá en los próximos cinco
años a tasas modestas de entre el 1 y 1.8% cuando debería de estar creciendo al 7% para incorporar al mercado laboral a los jóvenes. Además, hay un número grande de migrantes que están regresando al País; el aumento desproporcionado en el desempleo aumentará la economía informal y hará que caiga la recaudación del gobierno. El pasado 8 de octubre, el Presidente de la República presentó al Congreso de la Unión el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE) con el fin de mitigar los efectos negativos de la crisis financiera.

El Programa pretende reorientar 78 mil millones de pesos, programados originalmente como inversión de Pemex, hacia
una diversa lista de proyectos de inversión. El Gobierno está atando este plan anticrisis a la aprobación de su Reforma Energética al condicionarlo, a la aprobación del Legislativo de la reforma al esquema de inversión de PEMEX, que incluye eliminar los Pidiregas y convertir su pasivo en deuda pública. Incluso, pretende golpear la autonomía de la política monetaria “recomendando” al Banxico bajar la tasa de interés para permitir que el PICE tenga efecto sobre la economía. Cabe mencionar que el Gobierno Federal creó el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en febrero de 2008; el cual tiene un subejercicio de entre el 50% y 70%.

Esta propuesta de rescate es un disfraz para la pronta aprobación de la Reforma Energética, utiliza recurso
s de PEMEX para la inversión en infraestructura en lugar de los del Fonadin, pone en riesgo la autonomía de la política monetaria; echando mano de políticas lópezobradoristas para calentar la economía. El enfoque en mantener la paridad peso-dólar a como dé lugar es un esfuerzo erróneo que no incidirá en restablecer la confianza de los inversionistas en el mercado.
Una propuesta sòlida para generar empleo e impulsar la economía comienza con restablecer la confianza de los inversionistas. Medidas para ello consisten en disminuir la brecha entre las tasas activas y pasivas de los créditos bancarios, limitar el crédito otorgado por los bancos a los tarjetahabientes
para evitar las carteras vencidas, obligar a los bancos a disminuir las tasas de interés en el otorgamiento de créditos y cobro de comisiones, y reformar los criterios de la CNBV sobre la evaluación de la eficiencia y la sustentabilidad financiera de los bancos.

Se requiere una reforma fiscal integral para resolver el problema de la dicotomía formalidad- informalidad y un plan de apoyo a las familias más pobres que perciben remesas como único ingreso. En días pasados el PSD presentó un Pacto Nacional para la Estabilidad Económica donde propone que los gobiernos reduzcan el gasto corriente y lo dirijan a gasto productivo. Medidas como esta y las antes esbozadas deben ejecutarse para impulsar la economía del País de acuerdo con el modelo de democracia liberal. Debemos evitar que el Gobierno, por mantenerse en un esquema liberal rígido en la microeconomía, destruya todo lo bueno que construyó el liberalismo, en la última década, en la macroeconomía de México.


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